Para empresas, gobiernos e instituciones que operan en entornos de alta complejidad regulatoria,
territorial o social. En empresas, sus usuarios naturales son los equipos de permisos, asuntos
ambientales, legales, sostenibilidad, comunidades, proyectos, operaciones y alta dirección. En
gobiernos, apoya a unidades regulatorias, jurídicas, sectoriales, de inversión pública, planificación y
atención ciudadana.
La arquitectura es especialmente pertinente para América Latina. Sus países comparten información
dispersa y sistemas que no conversan, pero cada solución debe ajustarse a la realidad jurídica,
administrativa y territorial del país y de la organización que la utilizará.